Este jueves 5 de julio de 2018, diversas organizaciones a nivel nacional e internacional que trabajan a favor de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, presentaron amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad a fin de respaldar la labor que realizan las radios comunitarias en Guatemala, en especial, el apoyo al comunicador Oscar Mejía Imul, quien por el simple hecho de encontrarse laborando en una radio comunitaria fue sentenciado a un año prisión.

En ello se argumenta la continua violación al derecho de libertad de expresión de los Pueblos Indígenas a la luz del marco internacional en materia de derechos humanos, debido a la falta de una normativa que ampare el libre ejercicio de libertad de expresión de los pueblos indígenas; la no existencia de procedimientos idóneos para obtención de licencias por las radios comunitarias y el aumento de la persecución penal en contra de las mismas a pesar de las recomendaciones emitidas por la CIDH, en cuanto al cese del uso del proceso penal para el cierre de las radios comunitarias. Además, resaltan que todas estas problemáticas desembocan en condenas como en el caso de Oscar Mejía Imul, a quien sucesivamente se le ha venido vulnerando una serie de derechos y garantías judiciales, ya que fue acusado y posteriormente condenado a prisión por acciones que no encuadran en ningún tipo penal; sumado a ello, se le niega el derecho a recurrir la sentencia y ventilar su caso ante una instancia revisora e imparcial.

Por lo tanto, en esta acción se insta a la Corte de Constitucionalidad que dentro de sus facultades señale la vulneración a los derechos y garantías judiciales de Oscar Mejía Imul y lo restituya en sus derechos, permitiéndole discutir en un Tribunal superior e imparcial su inocencia.

Dentro de las organizaciones firmantes del amicus curiae están: Organización de Derechos Humanos, F. Kennedy, Universidad de Suffolk, Cultural Survival de Estados Unidos, OSERVACOM, AMARC, Fundación Comunicándonos, Voces Indígenas de Panamá, Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas y Asociación Sobrevivencia Cultural; con el apoyo de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala.